GAINESVILLE, FL | El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra Johnson & Johnson y su filial Kenvue, alegando que las empresas promovieron el uso del analgésico Tylenol entre mujeres embarazadas de manera engañosa y sin advertir sobre presuntos riesgos para el desarrollo de los bebés.

La demanda sostiene, sin respaldo científico comprobado, que la exposición temprana al acetaminofén, ingrediente activo del Tylenol, podría aumentar el riesgo de autismo y trastornos del neurodesarrollo, incluyendo el TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad).

Paxton, quien mantiene una estrecha alianza política con el expresidente Donald Trump y actualmente aspira a un escaño en el Senado de Estados Unidos, presentó la acción legal apenas semanas después de que Trump y Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud en su futura administración proyectada, afirmaran públicamente la existencia de una posible relación entre el medicamento y el autismo, aunque hasta el momento no existe evidencia científica que lo confirme.

El fiscal general acusa a las compañías de violar las leyes de protección al consumidor de Texas, señalando que “ocultaron información clave sobre los peligros del uso del acetaminofén durante el embarazo y engañaron al público al presentar el producto como la única opción segura para mujeres embarazadas”.

Además, Paxton asegura que Johnson & Johnson transfirió de manera “fraudulenta” la responsabilidad legal sobre Tylenol a su nueva subsidiaria Kenvue, en un intento por “proteger sus activos ante el día del juicio final”.

“Las grandes farmacéuticas traicionaron a Estados Unidos al lucrarse con el dolor y promover el consumo de pastillas sin tener en cuenta los riesgos”, expresó Paxton en un comunicado. “Estas empresas mintieron durante décadas, poniendo en peligro a millones de personas a sabiendas, y luego intentaron eludir su responsabilidad”.

En 2021, Johnson & Johnson anunció la separación de su división de productos de consumo, creando Kenvue, una nueva compañía con sede en Summit, Nueva Jersey, responsable de marcas como Tylenol, Listerine, Neutrogena y Band-Aid.

En respuesta a la demanda, Kenvue defendió la seguridad del acetaminofén y reafirmó que sigue siendo el analgésico más recomendado por médicos y obstetras para aliviar el dolor y la fiebre en mujeres embarazadas.

“Nos mantenemos firmes junto a la comunidad médica mundial que reconoce la seguridad del acetaminofén”, indicó la empresa en un comunicado. “Estas demandas carecen de fundamento jurídico y respaldo científico, y la perpetuación de esta desinformación podría poner en riesgo la salud de mujeres y niños si evita que reciban tratamiento adecuado”.

La compañía también recordó que la fiebre alta y el dolor no tratado pueden representar riesgos reales durante el embarazo, y que miles de estudios han demostrado la seguridad del medicamento cuando se usa según las indicaciones.

Actualmente, Kenvue enfrenta varios litigios en tribunales federales por reclamaciones similares relacionadas con el autismo, aunque muchas de esas demandas ya han sido desestimadas por falta de evidencia. No obstante, algunos casos se mantienen activos en apelación.

La nueva demanda fue radicada en el condado de Panola, una jurisdicción rural de unos 23 mil habitantes ubicada en el este de Texas. El estado solicita que el tribunal imponga una sanción de $10,000 por cada infracción de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y ordene destruir cualquier material publicitario que presente a Tylenol como un producto seguro para embarazadas o niños pequeños.

El acetaminofén sigue siendo uno de los medicamentos más utilizados en Estados Unidos. Se estima que más de 100 millones de estadounidenses lo consumen cada año como analgésico y antipirético. Aunque algunos estudios aislados han sugerido una posible relación entre su uso durante el embarazo y el autismo, la mayoría de los estudios científicos revisados por pares no han encontrado evidencia concluyente que respalde esa teoría.

El caso promete convertirse en una nueva batalla mediática y política en Texas, donde la administración de Paxton ha impulsado múltiples demandas contra corporaciones y agencias federales, enmarcadas en su campaña por aumentar su perfil político a nivel nacional.